Esa ley electoral!

En esta precampaña se están oyendo voces a favor de una reforma de la actual ley electoral, que con sus modificaciones, data de 1985. Por un lado, no son pocos los que critican el sistema por favorecer a las minorías, en concreto a los partidos nacionalistas, que acaban utilizando la supuesta superrepresentación que les otorga la ley para funcionar como partidos bisagra frente a los grandes. Por otro lado está Izquierda Unida (IU), que se siente discriminada por el sistema, debido en parte a no tener sus votos concentrados en ninguna región o provincia, sino dispersados a lo largo del país. Un ejemplo que intenta ilustrar esta injusticia es la comparación de los votos y escaños obtenidos por IU con los de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): 1.284.081 votos y 5 diputados para IU; frente a 652.196 votos y 8 diputados para ERC. No parece muy justo, ¿no?

En España, los escaños al congreso se reparten por circunscripciones electorales –provincias- en proporción a su población. No existe, pues, distrito único. En este caso se sumarían todos los votos obtenidos por un partido en todo el país y se le asignarían después de forma proporcional los diputados.

En concreto, el sistema de reparto de escaños por provincias es el siguiente: de los 350 sillones del Congreso de los Diputados se asignan 2 a cada provincia y uno a cada una de las Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla). Los 248 que faltan se reparten en función de la población de cada provincia: el total de la población con derecho a voto se divide entre los 248 sillones (lo que se llama cuota de reparto) y después se divide la población de cada provincia entre esta cuota de reparto. Así, a cada provincia se le asignan al menos 2 diputados, y tendrá más o menos diputados “extras” en función de su población (de hecho, el número de escaños asignados a cada provincia va cambiando en función de la evolución de su población).

Pero no obstante la estrella de la ley electoral es la llamada ley d’Hont. Es lo que rige el reparto de escaños dentro de cada provincia en función de los votos obtenidos. Si quiere tener representación, un partido tiene que obtener al menos el 3% de los votos por esa provincia. Después, se dividen los votos de cada partido tantas veces como escaños haya a repartir en la provincia que corresponda. Si por ejemplo corresponden 5 diputados, se dividen los votos de cada partido entre 1, 2, 3, 4 y 5, por lo que a cada uno le corresponden 5 cifras. Por último, se van asignando los diputados a las 5 mayores cifras. En este enlace tenéis un ejemplo interactivo donde lo vais a entender muy bien.

¿Y por qué se utiliza este sistema complejo y enrevesado? ¿No sería más sencillo repartir proporcionalmente los escaños por el porcentaje de votos?
De hecho existen varios métodos matemáticos de reparto, que se han ido modificando a lo largo del tiempo en las democracias occidentales, y al parecer ninguno perfecto. La ley d’Hont, ideada por un profesor belga del mismo nombre, lo que hace es favorecer a los partidos mayoritarios en el reparto de escaños. De esta manera se supone que favorece la gobernabilidad, evitando la atomización del parlamento en muchos partidos pequeños (como ocurre en el caso de Italia). Aplicando este sistema se pueden conseguir mayorías absolutas con el 35% de los votos, sacando algunos puntos porcentuales al segundo, y además se favorece el bipartidismo.

Y aquí llega la sorpresa... ¿no se supone que la ley de electoral protege, ampara y sobredimensiona a los partidos minoritarios concentrados en un número reducido de provincias?, ¿no se supone que favorece a los partidos nacionalistas, que mediante este método consiguen una representación superior a la que les correspondería?

Pues bien, la respuesta es simplemente NO. Con los datos de las pasadas elecciones generales (2004) en la mano, si aplicásemos un reparto de escaños proporcional al porcentaje de votos obtenidos por cada partido, resulta que los partidos nacionalistas no sólo no están sobrevalorados, sino que de hecho pierden diputados. Excepto en el caso de los partidos vascos (donde el PNV obtiene 1 más que lo que le correspondería, y EA se quedaría como está), el resto de partidos nacionalistas pierden escaños como consecuencia de la ley d’Hont: CiU pierde 2, ERC y BNG pierden 1, y el Partido Andalucista (PA) se queda sin representación, cuando le corresponderían 2 diputados.

Pero hay un partido especialmente perjudicado, que es IU. Con su 4, 57% de votos le corresponderían 17 diputados, cuando cuenta con 5...!!! (pierde nada más y nada menos que 12 diputados).

Ya imaginareis dónde van esos diputados que todo el mundo pierde: el PSOE obtiene como regalo de la ley electoral nada menos que 11 diputados más que los que les correspondería por sus votos. Y el PP es el más beneficiado: 12 de regalo. Todo por la magia de las matemáticas.

Por tanto, en el ejemplo ilustrativo del principio, donde comparaba los votos-escaños obtenidos por IU y ERC, resulta que no es ERC la que se está beneficiando del sistema, sino que éste perjudica enormemente a IU (pero en menor medida, también a ERC). Resulta que son los partidos mayoritarios, PP y PSOE, quienes se benefician de la ley electoral.

Después de todo esto, ¿se debería reformar el sistema electoral? Muchos braman por ello, y los primeros, como no es de extrañar, IU. Pero también el PP, aunque en otro sentido bien distinto. No existe, como he dicho, ningún sistema perfecto en cuanto al reparto de proporcionalidad, entre votos y escaños. No obstante los distintos sistemas se han ido reformando y adaptando a medida que se encontraban fallos en ellos. Debemos tender a la máxima representatividad (de eso se trata la democracia, ¿no?) y posiblemente sea el momento de plantearnos otros sistemas de reparto de diputados.

Pero, ¿quién pondrá en marcha la reforma? ¿Los partidos mayoritarios?

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